Editorial

Política de destrucción de medios

La entrevista concedida por el Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas, a este Boletín -en el número anterior- confirma y detalla la verdadera política de exterminio de medios escritos de centroizquierda llevada a cabo por los diversos gobiernos de la Concertación; la cual ha sido reiteradamente denunciada por él mismo y por otros Premios Nacionales de Periodismo, como Patricia Verdugo y Faride Zerán.

Además, su enfoque ha sido corroborado en términos generales por el periodista y escritor Fernando Villagrán, en la entrevista que aparece en este número.

Muchas cosas impresionan de los detalles aportados por Juan Pablo Cárdenas. La primera, es el extremo grado de maquiavelismo empleado en la aplicación de dicha política. De este modo, vemos compras de medios efectuadas con el evidente propósito de destruirlos; bloqueos de ingentes recursos financieros externos destinados a consolidarlos, amenazándose incluso a los gobiernos extranjeros dispuestos a concederlos; maniobras efectuadas con el fin de frustrar la instalación de empresas periodísticas extranjeras que afecten el duopolio; discriminación sistemática del avisaje estatal en perjuicio de aquellos medios; y la resistencia a devolver bienes de periódicos confiscados por la dictadura.

Lo anterior nos lleva naturalmente a quedarnos atónitos respecto de los gobiernos concertacionistas: ¿Cómo ha sido posible que hayan tenido tal designio político con medios que representaban un pensamiento de centro o izquierda? ¿Cómo es posible, además, que hayan mostrado tal saña en sus esfuerzos por destruir diarios y revistas que tanto aportaron en la lucha contra la dictadura? ¿Cómo se explica que dichos gobiernos hayan llevado a cabo, precisamente, las intenciones de la dictadura respecto de “Hoy”, “Análisis”, “Apsi”, “La Epoca” y “Fortín Mapocho”?

Más allá del estupor y dolor que todo ello tiene que haber causado en los periodistas que arriesgaron hasta su vida en dichas empresas; y de la desmoralización provocada en la gran mayoría nacional por no poder adquirir ya, medios escritos que la interpreten; las respuestas a esos interrogantes pasan necesariamente por una constatación: el giro copernicano experimentado por el liderazgo de la Concertación en su pensamiento económico y social. Giro que fue crudamente reconocido por el más eminente ideólogo de la transición, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997: “Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”.

Así, Boeninger nos señala que “el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”. Aquí está el quid del enigma. Un liderazgo de centroizquierda que experimenta una convergencia inconfesable con la derecha, a la que tanto combatió durante la dictadura, y que teme ser desnudado por los medios y periodistas de centroizquierda que no comparten aquella convergencia.

Lo anterior nos permite entender la lógica de aquella política de exterminio de medios “propios”. Pero, de todas formas resulta impresionante constatar cómo dicho liderazgo ha logrado el silenciamiento y el desconocimiento casi total de ello de la generalidad de la sociedad chilena, incluyendo a muchos de los sectores disidentes de la Concertación y a grupos de izquierda claramente opositores a ella. Esto solo podemos entenderlo a la luz de las gravísimas violaciones que sufre el derecho a la libre información y expresión en nuestro país. En primer lugar, debido a la gigantesca concentración de la propiedad de los medios de comunicación –particularmente de los diarios y la televisión- en manos de los grupos conservadores de la sociedad chilena. Concentración que convierte a Chile en el país con menor diversidad de medios en América Latina, exceptuando a Cuba. Y, en segundo lugar, debido a la feroz autocensura que impide o sofoca el conocimiento y debate de lo que realmente pasa en el país respecto de los temas de mayor interés público.

En cualquier sociedad efectivamente democrática un tema de la envergadura delplanteado por Juan Pablo Cárdenas –y corroborado por Fernando Villagrán- se convertiría en un escándalo nacional y generaría un debate a fondo, no solo sobre el tema de la libertad de expresión, sino también respecto de la naturaleza de un sistema político que presenta tan insólitas contradicciones.