Columna del coordinador programa de Libertad de Expresión

Severas restricciones a la Libertad de Expresión

Este texto corresponde a la editorial del primer número del boletín mensual del Programa de Libertad de Expresión del ICEI.

Este Boletín electrónico mensual nace como un esfuerzo del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, con el objeto de contribuir a la información y el debate respecto de la evolución de la vigencia de los derechos a la libertad de información y expresión en Chile.

Constatamos que los principales obstáculos para la vigencia de estos derechos en nuestro país radican hoy en la extrema concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocos grandes grupos económicos; en una profunda autocensura que dichos medios efectúan en el ejercicio de la labor periodística; y en una fuerte renuencia de los poderes públicos –particularmente el Ejecutivo- a transparentar sus actuaciones.

Particularmente grave es aquella concentración de los medios que más impacto tienen en el desarrollo de la opinión pública: la televisión y los diarios. En este último caso se ha generado un virtual duopolio a través de dos consorcios (El Mercurio y Copesa) que dan cuenta de más del 90% del total del tiraje de periódicos del país. Y en la televisión vemos que los canales existentes responden a tres grandes grupos, dos universidades muy conservadoras y a una estación pública que ha entendido la neutralidad política como una asepsia que evita todo debate a fondo de los más importantes temas nacionales.

Precisamente, lo que más caracteriza a dichos medios es una autocensura que impide la información, la libre expresión y el debate de los principales problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan. No es posible encontrar en ellos datos ni debates que nos ilustren sobre los alcances y las causas de la extremadamente injusta distribución del ingreso; que, de acuerdo a diversas instituciones internacionales especializadas, nos ubica entre los peores países del mundo en la materia.

Tampoco es posible encontrar en ellos informaciones, opiniones o debates sobre la virtual desnacionalización de nuestro principal recurso natural: el cobre. O sobre el hecho de que las empresas multinacionales que hoy explotan cerca del 70% de aquel mineral han cancelado un ínfimo pago de impuestos y royalties en los últimos 17 años. O que exportan el grueso de dicha riqueza sin refinarla ni menos industrializarla.

Tampoco es posible hallar informaciones concretas ni debates sobre la conveniencia de los numerosos tratados bilaterales de libre comercio que ha ratificado el Estado chileno en estos años; o sobre las duras condiciones laborales y las exiguas remuneraciones que recibe la gran mayoría de los trabajadores; o sobre las sistemáticas violaciones de los derechos a la sindicalización, negociación colectiva y huelga que aquellos sufren.

Por otro lado, la información a que tiene acceso la ciudadanía se ve también severamente restringida por la cultura de secretismo que prevalece en el conjunto de las instituciones del Estado, más allá del fin de la dictadura y de la aprobación de normas legales destinadas a transparentarlas.

Todo lo anterior se ve agravado por la actitud adoptada por los sucesivos gobiernos de la Concertación en perjuicio de los propios medios de comunicación afines o de izquierda que laboriosamente se desarrollaron a lo largo de la década del 80 y después. De este modo, a través fundamentalmente de la discriminación del avisaje estatal –que ha sido destinado abrumadoramente a favor del duopolio- han ido desapareciendo casi todos los medios escritos formados en la disidencia a la dictadura (“La Época”; “Fortín Mapocho”; “Análisis”; “Hoy”; Apsi” y “Cauce”; entre otros) y muchos de los medios independientes creados con posterioridad (“Rocinante”; “Siete+7”; “Plan B”; etc.)

Peor aún, de acuerdo a denuncias efectuadas por los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas y Patricia Verdugo (en “El Mercurio” y “Rocinante”, respectivamente) –y que no han sido desmentidas- el Gobierno de Aylwin bloqueó la continuación de millonarias ayudas extranjeras de Holanda a las revistas “Análisis”, “Hoy” y “Apsi”; y los gobiernos de Frei y Lagos hicieron todo lo posible por impedir que el legítimo dueño del diario de centro-izquierda “Clarín” pueda recuperar sus bienes confiscados por la dictadura y, de este modo, echar a andar la única alternativa viable hoy al duopolio El Mercurio-Copesa.

Esperemos que la voluntad expresada por el Gobierno de Bachelet de establecer un marco técnico y legal para la televisión digital que permita la mayor diversificación y pluralismo posible de sus futuros canales emisores, se concrete efectivamente, y que genere un punto de inflexión que termine con las políticas a favor de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación desarrolladas por los gobiernos anteriores.

 

 

Felipe Portales Coordinador Programa de Libertad de Expresión

Fecha de publicación: Miércoles 2 de abril, 2007