Opinión

Elena Varela: arrestada en libertad

Casi cien días permaneció encarcelada en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Rancagua la documentalista Elena Varela, tras ser detenida el pasado 7 de mayo en su casa en Licanray en medio del rodaje de su documental “Newen Mapuche”, todo ello bajo un fuerte operativo policial, siendo sometida a torturas y existiendo faltas graves al debido proceso en el marco de su procesamiento.   

A Elena se le acusa de pertenecer a una asociación ilícita para delinquir y de participar en el planeamiento de dos robos con violencia, para los cuales habría reclutado gente y luego escondido a sus perpetradores.  Sin embargo, hasta ahora la fiscalía no ha entregado pruebas concluyentes en su contra, y los numerosos peritajes que se le han realizado a sus materiales fílmicos, incautados por la policía, no han arrojado ningún antecedente que permita incriminarla.  Por eso el pasado 13 de agosto le fue concedida al fin su libertad, no lograda antes con recursos de amparos y solicitudes para modificar la medida cautelar de prisión preventiva, dado que era insostenible seguir manteniendo ante el tribunal de garantía la tesis de que ella pudiera constituir “un peligro para la sociedad”. 

Pero la libertad de Elena es una libertad parcial, condicionada, e inclusive arbitraria, pues se trata de una libertad con restrictivas e innecesarias disposiciones, como es el arresto domiciliario en casa de un familiar en Santiago, entre las 22:00 a las 08:00 horas, y la prohibición de desplazarse más allá de los límites de establecidos entre Santiago y Villarrica. 

Todas medidas que nos permiten afirmar, fehacientemente, que en este caso se persigue no solo la posible comisión de delitos, sino más bien entorpecer el trabajo de documentación que la artista realizaba en comunidades mapuche de la Araucanía, afectadas por la explosión de empresas forestales, la persecución policial y el uso de la ley antiterrorista en contra de sus legítimas demandas de tierras.  Sumado a la posibilidad de que existan fines de inteligencia, como acusa Varela -intervenida en sus comunicaciones los últimos dos años-, dado los múltiples testimonios a los que había accedido por su trabajo. 

Ello, pues la medida de arraigo nacional, que también le fue impuesta, se explica en parte para asegurar su comparecencia en el juicio oral al que debieran ser sujetos los hechos que le imputan.  Mientras que la medida de arresto domiciliario, lejos del sur, resulta abusiva e implica en la práctica que ella no pueda continuar con su trabajo documental, dado que es la directora, guionista y además protagonista de “Newen Mapuche”.  Y difícilmente podría desplazarse todos los días al sur, para regresar por la noche a Santiago, a falta aún de poco menos de tres meses de investigación.  

La libertad de expresión, por tanto, a lo que se debe agregar también la libertad de creación, es lo que está aquí principalmente en juego.  Debiéndose recordar que esta garantía constitucional es un derecho de doble faz, que se transgrede tanto cuando se priva a una persona de expresar opinión o información (censura previa), como cuando quienes estando en condiciones de recibir dichas informaciones, no tenemos acceso a ellas.  En el caso de Elena Varela, ambas dimensiones siguen siendo violadas. 

En efecto, si bien la documentalista se encuentra en esta libertad condicionada, sus documentales (“Newen Mapuche” y “Sueños del Comandante”) siguen “bajo arresto” en poder de la Policía de Investigaciones, pese a que se le aseguró que en el plazo de 10 días les serían devueltos.  Por tanto ni ella, ni nosotros, podemos acceder a sus contenidos.  Ello sin mencionar los daños que se pudieron causar con los peritajes y manipulaciones de los materiales por parte de las policías.

Y el problema es aún más de fondo, puesto que las realidades que Elena quería reflejar con sus registros, no suelen formar parte de los hechos cubiertos y dados a conocer por los medios de comunicación.  Tanto es así, que el Relator Especial de la ONU para los derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, tras su misión de inspección a Chile en el 2003, hizo un llamado específico a la prensa, para que diera una cobertura “amplia y equilibrada” al llamado “conflicto mapuche”.  Esto al percibir que los medios de comunicación no estaban entregando a la opinión pública “todos” los elementos para formarse un juicio acabado sobre la que ocurre en la Araucanía, tratándose además de poblaciones vulnerables que gozan de derechos preferentes en el sistema internacional de derechos humanos. 

Precisamente en días como los que transcurren, en que los actos de violencia y los allanamientos policiales a comunidades vuelven a apoderarse del sur de Chile, es cuando más falta hacen las miradas que Elena Varela quería compartir con su trabajo.  Información fundamental para poder construir una historia completa y acabada de las razones del conflicto, y desde allí implementar las formas de solucionarlo. 

Cuando entrevisté a Elena Varela en la cárcel, le pregunté por qué había decidido realizar estos documentales, y su respuesta inmediata fue “por dolor, por el dolor que me causa ver tanta injusticia”. 

Elena se acercó a las comunidades en su condición de documentalista, pero también como licenciada en música y directora de orquesta, para conocer y registrar el origen de sus instrumentos y sonoridades.  Pero lo que escuchó fueron estruendos y a niños llorando arrojados desde sus camas volteadas por la policía en allanamientos, y una pobreza que le caló el corazón.  “Yo no podía hacer un documental así, casi folclórico”, continúa, “tenía que mostrar lo que en verdad estaba pasando”. 

Una verdad por la que todavía habrá que esperar, pero que mientras tanto sigue allí esperando a ser cubierta.  

P. Acevedo

Fecha de publicación: Lunes 1 de septiembre, 2008